(untitled) (Revista CESCO de Derecho de Consumo, 2015)
El Real Decreto 710/2015[1]surge como consecuencia de la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores [1] BOE nº177 de 25 de julio de 2015.