La Revista CESCO de Derecho de Consumo es una revista electrónica trimestral que pretende exponer y analizar las cuestiones más trascendentes relativas al Derecho de Consumo. Ni el Centro de Estudios de Consumo ni la Revista se identifican necesariamente con las opiniones y manifestaciones contenidas en los artículos publicados, que son atribuibles exclusivamente a los autores firmantes.
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De la delimitación a la limitación. El sublímite por víctima como cláusula limitativa en el seguro de RC
El comentario analiza la STS (Sala 1.ª) 1581/2025, de 5 de noviembre, dictada en un litigio de responsabilidad médico-sanitaria, en la que el Tribunal Supremo aborda la naturaleza jurídica y la oponibilidad del sublímite por víctima en el seguro de responsabilidad civil cuando coexiste con un límite por siniestro. Partiendo de la doctrina consolidada sobre la suma asegurada en RC, la Sala recuerda que el límite por siniestro, como techo cuantitativo de cobertura, opera ordinariamente como cláusula delimitadora del riesgo y resulta oponible al tercero perjudicado. Sin embargo, introduce un criterio de especial trascendencia práctica. El sublímite por víctima, cuando actúa como reducción interna del límite general por siniestro, “condiciona y aminora” el alcance económico de la cobertura y, por ello, se califica como cláusula limitativa, sometida al art. 3 LCS. Desde esa calificación se deriva la consecuencia central del fallo. Para que el sublímite sea oponible al perjudicado, debe constar destacado de modo especial y aceptado específicamente por escrito; si no se acredita el cumplimiento de estos requisitos, la cláusula resulta inoponible y la cobertura se reconduce al límite superior por siniestro. El trabajo conecta este criterio con la jurisprudencia sobre aceptación específica, incorporación de condiciones generales y prueba del consentimiento, destacando su especial relevancia en pólizas colectivas y en contratación digital, donde la trazabilidad de la firma o aceptación diferenciada se convierte en un elemento decisivo. Asimismo, se examina la proyección del criterio en la acción directa del perjudicado y se incorporan antecedentes y paralelos jurisprudenciales sobre recortes internos de cobertura y delimitación temporal en RC (art. 73.2 LCS), así como el régimen de intereses del art. 20 LCS. Finalmente, se ofrece una reflexión sobre el alcance del criterio “condiciona y aminora”, tanto desde la técnica aseguradora como desde la protección del crédito de la víctima. Se subraya que la sentencia desplaza el foco desde la mera interpretación del cuadro de capitales a la prueba de incorporación y aceptación específica del recorte, con implicaciones directas para aseguradoras y mediadores en la redacción, formalización y documentación de sublímites.
ESTUDIOS, CONSULTAS, NOVEDADES NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIA
Sublímite por víctima; seguro de responsabilidad civil; cláusula limitativa; cláusula delimitadora del riesgo; artículo 3 LCS; aceptación específica y destacado especial; acción directa del perjudicado; oponibilidad frente a terceros; intereses moratorios (art. 20 LCS).
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Nuevas obligaciones de información sobre precios personalizados tras la Ley de atención a la clientela
El presente trabajo analiza las nuevas obligaciones de información precontractual sobre precios personalizados introducidas por la Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela, que modifica el artículo 97.1 f) del TRLGDCU. Tras exponer el régimen anterior derivado de la Directiva (UE) 2019/2161, que se limitaba a exigir la mera advertencia de la personalización del precio basada en un tratamiento automatizado de datos personales, el estudio examina el alcance del nuevo deber reforzado de transparencia, que obliga a informar también sobre los parámetros utilizados para la personalización y, en el sector financiero, sobre las fuentes de datos empleadas. El artículo valora críticamente la utilidad real de esta información para el consumidor, cuestiona la coherencia sistemática de la reforma, especialmente en relación con los servicios financieros a distancia, y analiza la incorporación en el TRLGDCU de límites materiales como la prohibición de parámetros discriminatorios o que exploten situaciones de urgencia o necesidad. Se concluye que la reforma incrementa la transparencia formal, pero no resuelve el verdadero problema que plantea la personalización algorítmica de precios, al no garantizar que el consumidor pueda valorar comparativamente el precio ofrecido.
Revolución en el crédito al consumo: reserva de actividad y nueva disciplina de los prestamistas no bancarios en el APL de contratos de crédito al consumo
En este artículo analizaremos propuesta de transposición de la Directiva 2023/2225 de crédito al consumo al ordenamiento jurídico español a través del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. En concreto, nos centraremos en la articulación de una reserva de actividad que pone fin a la desregulación de los prestamistas no bancarios, sometiéndolos a la autorización y supervisión del Banco de España. Se examina con especial detenimiento la nueva categoría de “prestamista de alto coste”, a la que el prelegislador impone rigurosas normas de conducta, tales como un periodo de reflexión obligatorio de 24 horas, límites a la publicidad relacionada con la inmediatez de la concesión e impone una duración contractual mínima de tres meses y máxima de doce. Asimismo, se aborda la inclusión en el ámbito de aplicación de los créditos de bajo importe y los sistemas Buy Now, Pay Later (BNPL). El trabajo concluye con una valoración crítica de estas medidas que, si bien son precisas para reforzar la protección de los consumidores, debe advertirse que un excesivo rigorismo y carácter paternalista de la norma podrían provocar distorsiones en la competencia y el desplazamiento de los consumidores más vulnerables hacia mercados de crédito informales o transfronterizos carentes de las debidas garantías tuitivas.
Crédito al consumo, prestamista de alto coste, reserva de actividad, microcréditos, Buy Now, Pay Later, FICAC, prestamistas no bancarios.
A propósito de la STJUE de 17 de mayo de 2023 (Asunto C-97/22): el derecho de desistimiento de los consumidores en el contrato de mediación inmobiliaria celebrado fuera del establecimiento mercantil
En el contexto de un contrato de mediación inmobiliaria celebrado entre una agencia inmobiliaria y un consumidor, la información precontractual y contractual sobre el ejercicio del derecho de desistimiento constituye un elemento esencial para el consumidor. En consecuencia, si el empresario o profesional (agencia inmobiliaria) incumple su deber de informar sobre este derecho al consumidor, podría incluso perder la facultad de exigir proporcionalmente los honorarios de los servicios que hubiera prestado, tal como ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Consumidor; derecho de desistimiento; agencia inmobiliaria; Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sobre la aplicación de las normas de consumo a empresarios: reflexiones al hilo de algunas recientes reformas legislativas en el sector financiero
Este trabajo sostiene la conveniencia de extender, con matices, a sujetos empresarios determinados instrumentos de protección de los consumidores y usuarios, especialmente en el ámbito financiero. Con tal fin, el autor recurre a argumentos no solo procedentes del Derecho, sino también de la Sociología, dada la complementariedad existente entre ambas disciplinas de las Ciencias Sociales. En concreto, se parte de la asimetría estructural existente entre las entidades financieras y los pequeños empresarios ajenos a dicho sector, argumentándose que estos últimos carecen a menudo del capital cultural y económico necesario para comprender plenamente los productos financieros. Además, se reconoce que el estándar de diligencia exigible al empresario —superior al del consumidor— no puede aplicarse de forma uniforme e indiscriminada a sujetos empresarios heterogéneos. Por ello, se propone un modelo intermedio consistente en mantener una protección reforzada para los consumidores, pero admitiendo, al mismo tiempo, la aplicación a ciertos contratos B2B de mecanismos correctores que permitan equilibrar la posición de las partes intervinientes. De este modo, se promueve una tutela más justa y razonable de los operadores jurídicos y económicos del mercado sin desdibujar las categorías tradicionales propias del Derecho de consumo.
Reformas de la Ley de Competencia Desleal en materia de protección de consumidores y prácticas digitales: valoración y tendencias de política legislativa
Impulsado por la acción legislativa de la Unión Europea, especialmente en forma de directivas, el legislador español ha acometido determinadas reformas de la Ley de Competencia Desleal en materia de protección de consumidores y malas prácticas digitales. En este trabajo se analizan algunas de las más relevantes. Y se deducen de ellas varias tendencias de política legislativa; a saber: a) la acentuación de la fragmentariedad del Derecho español de la competencia desleal; b) la presencia de una fisonomía cada vez más próxima al Derecho administrativo sancionador; y c) la ruptura de la tradicional separación entre el Derecho de la deslealtad concurrencial y el Derecho de contratos. Junto a esto, el autor advierte que el Derecho de la competencia desleal presenta escasa eficiencia práctica en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios, razón por la cual reclama ciertos cambios normativos que, en la medida de lo posible, reviertan esta situación. Finalmente, propugna que este sector del ordenamiento jurídico no renuncie a ser lo que ha sido, en esencia, desde su surgimiento y posterior evolución: una parte del Derecho mercantil entendido como Derecho privado regulador de los empresarios en el ejercicio de sus actividades empresariales en régimen de competencia en el mercado.
Competencia desleal, protección de consumidores, remedios negociales frente a prácticas desleales, equiparación entre cláusula contractual y práctica comercial, mercado digital.
Reparación de la violencia obstétrica: comentario a la Sentencia 143/2025, de 31 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
En este trabajo se analiza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª) núm. 143/2025, de 31 de marzo. Se ocupa de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en materia de daños físicos y psíquicos derivados de la atención obstétrica en el parto. Así, la sentencia valora la adecuación de la lex artis en relación con los siguientes puntos: el empleo de instrumental en el expulsivo; la correcta realización de la episiotomía y posterior reconstrucción de las lesiones; el respeto al plan de parto y al consentimiento informado, y el trato dispensado a la paciente. Lo relevante de la resolución radica en el hecho de que es la primera vez que un órgano judicial reconoce que existió violencia obstétrica en la práctica asistencial y, en consecuencia, proporciona a la víctima una reparación autónoma por este concepto.
responsabilidad sanitaria, parto, violencia obstétrica, infracción lex artis, daño moral, reparación efectiva.
¿Redefiniendo la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios?
Dado el elevado número de perjudicados por el denominado «cartel de coches», no es sorprendente que algunos perjudicados se hayan decantado por acudir a las asociaciones de consumidores para que defiendan sus derechos. Recientemente, dos autos de la Audiencia Provincial de Barcelona han reconocido la legitimación de estas entidades para actuar en representación de los intereses de sus asociados. En el presente trabajo se trata de delimitar su alcance. También se hace referencia al Proyecto de Ley de acciones colectivas y a las novedades que introduce en relación con las conductas antitrust.
Asociaciones de consumidores y usuarios, Legitimación, Acciones individuales, Acciones colectivas, Defensa de la competencia, Proyecto de ley de acciones colectivas.
La primera STS sobre la Ley 43/2007: inversión en árboles y fracaso de la oferta de restitución
La STS 1919/2025, de 19 de diciembre (Roj STS 5886/2025), resuelve el primer recurso de casación en que se invoca de forma central la Ley 43/2007, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, en relación con los contratos de adquisición de árboles de Bosques Naturales S.A. El Tribunal Supremo niega la aplicación de la Ley 43/2007 por ausencia de un verdadero compromiso de restitución del precio o de una cantidad equivalente, afirmando que el contrato solo articula una obligación de medios en la gestión de venta de la madera, con el riesgo íntegramente a cargo del cliente. Al mismo tiempo, anula por insuficiencia de motivación la sentencia de apelación, al no razonar adecuadamente sobre el incumplimiento de varias estipulaciones contractuales esenciales, y obliga a la Audiencia a pronunciarse de nuevo sobre la acción resolutoria, lo que reabre la discusión sobre la nulidad, resolución e indemnización en estos contratos a la luz del TRLGDCU y de la normativa sobre publicidad engañosa.​
Ley 43/2007; contratos de adquisición de árboles; Bosques Naturales; consumidores inversores; oferta de restitución del precio; información precontractual; publicidad engañosa; nulidad y resolución contractual.
Desistimiento del contrato de crédito al consumo y sus efectos en el contrato de compraventa vinculado: la STJUE de 30 de octubre de 2025 y sus consecuencias en el Derecho español
En la STJUE de 30 de octubre de 2025 (asunto C-143/23) se analiza si es conforme al art. 14 de la Directiva 2008/48/CE, de 23 de abril, de contratos de crédito al consumo, la normativa alemana sobre desistimiento del contrato de crédito al consumo, inicio del plazo de desistimiento y efectos de ese desistimiento en el contrato de compraventa cuando compraventa y crédito con contratos vinculados. También se examinan los efectos de esta sentencia en el derecho español.
Crédito al consumo; desistimiento; contratos vinculados; contrato de crédito vinculado
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Control de transparencia y acumulación subjetiva de acciones a la luz de la STS núm. 943/2025 de 16 de junio de 2025
Este trabajo analiza algunos de los aspectos más relevantes de la STS núm. 943/2025 de 16 de junio de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:2620). Concretamente, estudia la postura del Tribunal Supremo respecto al control de transparencia de condiciones generales de la contratación en sede de acciones colectivas, y sobre la acumulación subjetiva de acciones.
Acciones colectivas, control de transparencia, acumulación subjetiva de acciones, jurisprudencia.
La promesa de justicia exprés frente a la okupación
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, nos referiremos a ella como LO 1/2025), comentada en anteriores publicaciones[1], ha incorporado una serie de reformas estructurales y procesales destinadas a modernizar el sistema judicial español. Entre ellas, destaca su incidencia en la lucha contra la okupación ilegal de inmuebles, fenómeno que ha generado una creciente preocupación social. En las páginas siguientes analizaremos las modificaciones introducidas en la materia por dicha ley, subrayando sus principales implicaciones prácticas. Prestaremos especial atención a las medidas dirigidas a agilizar los procedimientos de desalojo y a fortalecer la protección de los legítimos titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz ante situaciones de ocupación no consentida. Asimismo, examinaremos su posible aplicación a los supuestos de inquiokupación. [1]CARRASCO PERERA, Ángel: “Sumatorio de ridiculeces y perversidades del sistema de resolución negocial preprocesal civil de la Ley Orgánica 1/2025 (MASC)”, Centro de Estudios de Consumo (CESCO), febrero 2025, disponible en: https://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Sumatorio_de_ridiculeces_y_perversidades_del_sistema_de_resolucion_negocial.pdf ; GONZÁLEZ CARRASCO, Carmen: “Golpe definitivo al alquiler vacacional en la Ley Orgánica 1/2025: “limitar” sí era “prohibir””, Centro de Estudios de Consumo (CESCO), febrero 2025, disponible en: https://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Golpe_definitivo_al_alquiler_vacacional_en_la_Ley_Org%C3%A1nica_1_2025.pdf
Okupación, okupación ilegal, Ley 1/2025, vivienda, arrendamiento, desahucio.
La protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas en los contratos de servicios jurídicos: un análisis crítico de la jurisprudencia española y europea
Este trabajo analiza el régimen de protección del consumidor frente a clausulas abusivas en los contratos entre el particular y el profesional jurídico. Se analizan las sentencias de las Audiencias provinciales, Tribunal Supremo y TrIbunal de Justicia europeo, así como la normativa sobre consumidores y usuarios. Se estudia las diferentes tipologías de clausulas abusivas y los criterios específicos de control. El análisis revela la necesidad de una mayor armonización entre la normativa de protección a los consumidores y la regulación deontológica profesional, así como la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia en la información precontractual que se dispensa para garantizar una protección efectiva al cliente-consumidor.
Cláusulas abusivas, servicios jurídicos, protección del consumidor, transparencia material, control judicial.
El “Spanish property and income release scheme (spairs)” llega al TS: nulidad de hipoteca inversa para invertir y eludir el impuesto de sucesiones por la coligación contractual
El Plan SPAIRs es un entramado contractual comercializado de antiguo en zonas costeras españolas con, generalmente, propietarios extranjeros, con la finalidad de que dichos propietarios de inmuebles (o sus sucesores) pudieran eludir o reducir significativamente el pago del impuesto de sucesiones español. En concreto, se concedía una hipoteca inversa entregando parte del capital prestado al propietario y otra parte se destinaba a invertir en fondos de inversión cuya rentabilidad debía ser suficiente para pagar los intereses de la hipoteca y, además, reportar ingresos adicionales a los propietarios. Sin embargo, tras la crisis financiera de 2007, los fondos no obtuvieron el rendimiento esperado, de forma que la propiedad del inmueble resultó amenaza por la posibilidad de ejecutar la hipoteca ante el impago de los intereses de la hipoteca entre otros costes. En Inglaterra la justicia descartó que hubiera habido error en la representación de lo contrato ni fraude en la comercialización del producto. Sin embargo, el Tribunal Supremo español ha declarado la nulidad de toda la contratación en aplicación de la teoría de la unidad causal de los contratos coaligados. En este trabajo analizamos el producto, su comercialización, la postura de la justicia en Inglaterra, la postura del TS español y teorizamos sobre la eventual existencia de causa torpe y sus implicaciones.
SPAIRs, impuesto de sucesiones, hipoteca inversa, causa ilícita, contrato coligado, MiFID, error en el consentimiento, nulidad, inversión.
El Phishing como riesgo de seguridad en el ecosistema digital de pagos: abordaje práctico a la luz de la jurisprudencia española y de la STJUE de 1 de agosto de 2025
Este trabajo tiene como premisa la STJUE (Sala Cuarta) de 1 de agosto de 2025, en el Asunto C-665/2023, que estima que la persona usuaria de una tarjeta no tiene derecho a la devolución de una operación no autorizada si se demora en notificarla al proveedor de servicios de pago deliberadamente o por negligencia grave; siendo lo más llamativo de este litigio que no había transcurrido el plazo legal máximo de trece meses para informar sobre operaciones no autorizadas. Esta sentencia evidencia la existencia de brechas de seguridad en el ecosistema digital de pagos, poniendo en jaque operaciones y transacciones, lo que redunda indefectiblemente en la e-confianza de las personas usuarias. De ahí que, partiendo de una consideración inicial del ecosistema digital, donde encuentran su encaje el comercio electrónico y las nuevas modalidades de pago, se plantea la necesidad de reforzar los conceptos de confianza y seguridad, puestos en entredicho con amenazas de ingeniería social como es el phishing; del que se realiza un abordaje práctico a la luz de la reciente jurisprudencia española y de la meritada sentencia del TJUE.
Ecosistema digital, medios de pago, phishing, responsabilidad, seguridad, confianza, diligencia.
Compartimentalización de la nulidad por usura tras la STS 317/2023 de 28 de febrero y la STS 231/2024 de 21 de febrero
La doctrina jurisprudencial de la compartimentalización de la nulidad por usura, establecida por las Sentencias del Tribunal Supremo 317/2023 de 28 de febrero y 231/2024 de 21 de febrero, ha generado una significativa controversia en la jurisprudencia menor sobre contratos de crédito revolving con modificaciones unilaterales del tipo de interés. Si bien el Alto Tribunal considera cada modificación del interés como un nuevo contrato, permitiendo declaraciones de nulidad parcial por tramos temporales, las Audiencias Provinciales han adoptado criterios divergentes, especialmente cuando la modificación es a la baja o cuando existen saldos a cero intermedios. La doctrina civilista ha señalado problemas de coherencia con el carácter radical e insubsanable de la nulidad por usura consagrado en la Ley de Represión de la Usura y con el régimen general de la novación contractual.
Usura, crédito al consumo, revolving, interés normal.
Protección del consumidor de contenidos y servicios digitales en las fases precontractual y poscontractual
El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los mecanismos de protección conferidos al consumidor o usuario de contenidos y servicios digitales tanto en la fase precontractual como en la poscontractual. En la primera fase (la precontractual), se examina el alcance y la función de los deberes de información exigidos al empresario, fundamentales para garantizar una toma de decisiones informada por parte del consumidor. Además, se presta atención a la figura de la integración publicitaria del contrato que permite al consumidor exigir a la contraparte (el empresario) que los contenidos publicitarios formen parte del contrato aun cuando no se haga referencia a ellos en el documento contractual. En la segunda fase (la poscontractual o de ejecución del negocio), se abordan dos instrumentos de protección del consumidor. Por un lado, el derecho de desistimiento que le permite poner fin libremente a la relación contractual, siempre que el contrato sobre contenidos o servicios digitales se celebre a distancia o fuera de los establecimientos mercantiles de los empresarios. Por otro lado, los remedios jurídicos con los que reaccionar jurídicamente ante a la falta de conformidad del contenido o servicio digital con el contrato celebrado, tanto los que conforman el primer nivel como los que integran el segundo nivel.
Contenidos y servicios digitales, deberes de información precontractual, integración publicitaria del contrato, derecho de desistimiento, falta de conformidad con el contrato.
Reparación del daño por exposición al amianto: nuevo rumbo jurisprudencial y legal con la Ley 5/2025, sobre baremo, transmisibilidad y alcance del crédito resarcitorio
La STS 951/2025, de 17 de junio, supone un hito en la evolución de la responsabilidad civil por daños personales complejos, al sentar doctrina sobre la reparación del daño derivado de la exposición al amianto. En ella se reconoce expresamente la transmisibilidad mortis causa del crédito resarcitorio en casos de fallecimiento de la víctima antes del pronunciamiento judicial definitivo, siempre que el perjuicio se hubiera consolidado en vida. Además, admite la aplicación orientativa del Baremo de la Ley 35/2015, incluso a hechos anteriores a su entrada en vigor, con el fin de lograr una cuantificación más precisa y proporcional en contextos ajenos a la circulación, como las enfermedades laborales o ambientales. Esta interpretación se alinea con la reforma del artículo 45 TRLRCSCVM, aprobada el 22 de julio de 2025, pendiente de publicación en el BOE, que refuerza la protección de los herederos, flexibiliza el cómputo indemnizatorio y clarifica la dualidad entre daño inmediato y perjuicio proporcional. La sentencia también admite la acumulación de acciones ejercitadas por los herederos tanto en nombre del causante (iure hereditatis) como por sus propios perjuicios (iure proprio), siempre que se evite solapamiento en las indemnizaciones. Se consolida así un nuevo rumbo jurisprudencial, más coherente con la realidad clínica, social y jurídica de los daños diferidos, como los producidos por la exposición al amianto. Esta evolución jurisprudencial ha sido plenamente respaldada por el legislador con la reciente publicación de la Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (TRLRCSCVM) y la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. La norma refuerza la protección del derecho resarcitorio en casos de fallecimiento, permite un cálculo más ajustado y proporcional del daño, y reconoce expresamente la transmisibilidad de la indemnización una vez consolidada, incluso si la víctima fallece antes de resolución firme. Esta reforma consolida un nuevo marco legal más justo, coherente y adaptado a los daños de largo desarrollo como los derivados de la exposición al amianto.
Amianto; Responsabilidad civil; Indemnización; Transmisibilidad hereditaria; Baremo; Daño diferido; Derecho propio; Derecho hereditario; Intereses de demora.
“Reparar, informar, transformar: anatomía crítica del nuevo marco legal para un consumo sostenible en España”
El presente trabajo ofrece un análisis crítico del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible en España, que transpone las Directivas (UE) 2024/825 y 2024/1799, orientadas al empoderamiento del consumidor ecológico y al reconocimiento del derecho a reparar. A través de una reforma parcial y transversal del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de la Ley de Competencia Desleal y de la Ley General de Publicidad, el legislador introduce: nuevas obligaciones reforzadas de información precontractual y ambiental, restricciones publicitarias frente al greenwashing y la publicidad emocional, mecanismos de reparación post-garantía, y medidas estructurales como la plataforma europea de reparaciones y el formulario armonizado de reparación. El estudio evalúa la coherencia normativa interna, la técnica legislativa empleada, los retos constitucionales y competenciales que plantea el modelo de gobernanza multinivel, y formula propuestas de lege ferenda orientadas a una futura codificación integral del Derecho de consumo sostenible, más sistemática, estable y adaptativa.
Consumo sostenible; derecho a reparar; ecoimpostura; greenwashing; publicidad medioambiental; Directiva 2024/825; Directiva 2024/1799; obsolescencia programada; plataforma de reparaciones; economía circular; protección del consumidor; legislación comparada.
Análisis del dictamen del Comité Económico y Social Europeo “La contribución del metaverso y de la robótica al sector médico”
Con la publicación del el Dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo denominado “La contribución del metaverso de la robótica al sector médico”, de 20 de abril de 2025, se abre la puerta a una regulación de carácter sectorial en materia de responsabilidad civil derivada de los daños causados por el uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario. A lo largo del presente texto se ofrecen una serie de recomendaciones de muy diversa índole, como el desarrollo de un marco normativo global para la robótica, mayor refuerzo de la protección de datos de carácter sensible, la promoción de normas éticas y elaboración de protocolos de consentimiento informado, el incentivo de la ciberseguridad o la importancia de infraestructuras adecuadas en aras a procurar la igualdad de acceso, que serán analizadas en el presente artículo.
Metaverso, robots médico-quirúrgicos, decisiones automatizadas, responsabilidad Civil, protección de datos.
¿Un producto resultado de la Inteligencia Artificial puede ser protegido por derechos de autor?: La condición de autor en la legislación de propiedad intelectual y más allá
La irrupción y el posterior desarrollo vertiginoso de los sistemas de inteligencia artificial generativa han llevado a plantear si los resultados obtenidos a través de dichos sistemas resultan protegibles por derechos de autor. Gracias a los algoritmos de aprendizaje, los propios sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones independientes, de manera que el resultado obtenido es generado por el propio programa informático mediante un proceso similar al seguido por el pensamiento humano. Conforme al art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”. Esta frase sintetiza la concepción personalista del derecho de autor propia del modelo europeo-continental de la que participa nuestro Derecho. La titularidad originaria de derechos de autor corresponde a quien realiza el acto de creación. A lo largo de este trabajo analizaremos si conforme a nuestra regulación, la contenida a nivel internacional en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, y la de los países pertenecientes a la órbita del copyright, cabría romper el binomio autor persona física/obra protegible. Para ello resulta también indispensable conocer el mecanismo de interacción del usuario de un sistema de inteligencia artificial generativa, a través de los prompts o instrucciones de entrada. Determinaremos en qué medida la persona física que utiliza un sistema de inteligencia artificial generativa influye en el resultado final. Finalmente se analiza en qué medida cabría proteger por otras vías distintas al derecho de autor esos resultados.
Autor; originalidad; prompts; inteligencia artificial generativa; derechos conexos; derecho sui generis; condiciones generales.
Responsabilidad civil por daños causados por sistemas de neurotecnología e Inteligencia Artificial
A la luz del incipiente uso de dispositivos desarrollados gracias a inteligencia artificial en todos los sectores, como el sector sanitario, son varias las cuestiones que suscita su utilización, como la responsabilidad derivada de un mal uso de los mismos, o en caso de que se pueda probar que este tipo de productos son defectuosos. Pese a las innumerables ventajas que reportan, como el control de las constantes del paciente de forma inmediata, o una mejor curación, también reportan riesgos, como la respuesta errónea de uno de estos sistemas, o incluso un fallo general en el caso de los robots quirúrgicos autónomos, a los que se les debe dar una cobertura legal. En este sentido, analizaremos la influencia de la nueva Directiva 2024/2853 a la hora de considerar estos productos como defectuosos, así como las los mecanismos de facilidad probatoria que incluye.
Neurodispositivos, Inteligencia artificial, Riesgos, Producto sanitario, Nueva directiva productos defectuosos.
III Estadísticas de las TAE y precios medios aplicados a los micropréstamos (2025)
La doctrina en materia de usura sentada por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 25.11.2015 (RJ 2015\5001) prevé recurrir a las estadísticas del Banco de España para determinar cuál es el interés normal del dinero (a efectos del art. 1 de la Ley de Usura). Además, a partir de la STS 4.3.2020 (RJ 2020\407), el Alto Tribunal viene insistiendo en que el tipo medio de interés que ha de tomarse de las estadísticas que se usen como referencia, tiene que ser el del mercado específico del producto controvertido. Sin embargo, en materia de préstamos no hipotecarios extrabancarios, no existen estadísticas públicas ya que los prestamistas no entidades de crédito no son entidades declarantes según la Circular 1/2010, ni están sujetos a registro previo. En consecuencia, nos proponemos reflejar los tipos y precios medios aplicados a los micropréstamos, con datos actualizados para todo el ejercicio 2024, así como demostrar que la TAE no es un indicador que permita representar la onerosidad de un micropréstamo, por el efecto exponencial que provoca la frecuencia de pagos que incorpora su fórmula.
Micropréstamos, usura, TAE, estadísticas.
No se puede apreciar de oficio la nulidad por usura
A raíz de la SJPI, 29, de 19.3.2025, que declara de oficio la nulidad de un micropréstamo por usura estando el demandado-prestatario en rebeldía, exponemos las razones -apoyadas jurisprudencial y doctrinalmente- que impiden declarar la nulidad de un préstamo por su carácter usurario de oficio, menos aún, con el prestatario en rebeldía.
Micropréstamo, usura, nulidad, rebeldía, de oficio.
La información sobre la lógica aplicada en el credit scoring automatizado: fácil, concisa y sin tecnicismos
La STJUE de 27 de febrero de 2025, asunto C-203/2022, Dun & Bradstreet, interpreta por primera vez el alcance del derecho del interesado a obtener “información significativa sobre la lógica aplicada” a decisiones individuales automatizadas [art. 15.1 h) RGPD], como un score de solvencia. Esta información debe ser comprensible, accesible y libre de tecnicismos, permitiendo al interesado entender qué datos se usaron y cómo influyeron en el resultado. Además, el Tribunal rechaza que el responsable del tratamiento pueda escudarse en el secreto comercial para denegar esa información. Aunque la sentencia se centra en la transparencia de la información, indirectamente saca a la luz uno de los mayores problemas derivados del credit scoring automatizado, esto es, la discriminación algorítmica. Así, el presente artículo alerta de que los datos sociodemográficos, como el domicilio, aunque estadísticamente correlacionados con el riesgo de impago, pueden no reflejar la solvencia real del solicitante y dar lugar a decisiones discriminatorias. Para evitarlo, se defiende que los procesos de credit socring automatizado deberían basarse exclusivamente en datos que reflejen la capacidad financiera individual del interesado para cumplir el contrato.
Datos personales, decisiones individuales automatizadas, transparencia, discriminación.
Protección al consumidor y menores: el TJUE refuerza la defensa contra cláusulas abusivas en contratos deportivos
La sentencia del TJUE de 20 de marzo de 2025 en el asunto C 365/23 (Arce) constituye un avance significativo en la protección de los menores en el ámbito contractual. El fallo extiende la aplicación de la Directiva 93/13 a los contratos celebrados por menores representados por sus padres, especialmente en el contexto deportivo, donde las cláusulas económicas pueden tener efectos a largo plazo sobre el futuro de los jóvenes. El Tribunal también establece que el control judicial sobre la abusividad de las cláusulas debe ser exhaustivo, independientemente de su claridad en la redacción.
Cláusulas abusivas; Directiva 93/13; menor de edad; derechos fundamentales; protección al consumidor; derecho deportivo.
Directrices de la Unión Europea sobre prácticas prohibidas de Inteligencia Artificial
Tras la aprobación por el Parlamento Europeo de la ley de Inteligencia Artificial el 13 de marzo de 2024, se articulan una serie de prohibiciones relacionadas con prácticas en las que se utilizan sistemas de inteligencia artificial, entendiéndose que menoscaban derechos fundamentales de las personas, junto con una serie de excepciones. Estas directrices recientemente aprobadas surgen para clarificar algunos conceptos inexactos, explicando la aplicación práctica del concepto jurídico, de forma que proporciona numerosos ejemplos prácticos en aras a aportar una visión general de las prácticas de inteligencia artificial que se consideran inaceptables debido a sus posibles riesgos para los seres humanos.
Inteligencia Artificial, prácticas prohibidas, categorización biométrica, sistemas de alto riesgo, aislamiento de navegador remoto.
Prescriptibilidad y “dies a quo” de la acción de restitución de cantidades en el crédito revolving usurario: la STS 350/2025, de 5 de marzo
La STS 350/2025, de 5 de marzo, establece que la acción de restitución de cantidades que se atribuye al prestatario tras la nulidad del crédito revolving por usura está sometida al plazo de prescripción de cinco años, y que ese plazo empieza a correr para cada una de las cuotas mensuales abonadas por el prestatario en la fecha en que se paga cada cuota. En este trabajo se examina si esta solución del Tribunal Supremo es adecuada.
Crédito revolving; usura; nulidad del contrato; acción de restitución; prescripción; dies a quo del plazo de prescripción.
La mal llamada “jurisprudencia de la puerta”: a propósito de la nota informativa del Juzgado de Primera Instancia nº. 72 de Madrid sobre allanamiento en créditos revolving
La nota informativa emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 72 de Madrid informando del criterio particular del Juzgado sobre pleitos con consumidores relativos contrato de crédito revolving y la condena en costas en supuestos de allanamiento ha generado fuertes críticas sobre la forma y el fondo de lo comunicado.
Usura, revolving, cláusulas abusivas, allanamiento, costas.
El nuevo paradigma de resolución de conflictos en consumo. Cómo la Ley Orgánica 1/2025 impone la reclamación o negociación previa antes de demandar, consagra un régimen sancionador para empresarios incumplidores y redefine el acceso a la justicia en litig
La Ley Orgánica 1/2025 introduce un cambio estructural en los litigios de consumo, imponiendo la reclamación extrajudicial o negociación previa como requisito obligatorio antes de demandar. Además, consagra un régimen sancionador que penaliza a empresarios que incumplan su deber de restitución en casos de cláusulas abusivas ya declaradas nulas. La reforma redefine el acceso a la justicia, promoviendo los “Medios Adecuados de Solución de Controversias” (MASC) y limitando el abuso del servicio público de justicia. También modifica la regulación de costas y honorarios, permitiendo su tasación cuando el consumidor haya reclamado previamente. Aunque busca reducir la litigiosidad y agilizar procesos, la norma plantea desafíos en su aplicación y posibles barreras para los consumidores más vulnerables.
Resolución de conflictos Reclamación extrajudicial Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) Acceso a la justicia Régimen sancionador Litigios de consumo.