La Revista CESCO de Derecho de Consumo es una revista electrónica trimestral que pretende exponer y analizar las cuestiones más trascendentes relativas al Derecho de Consumo. Ni el Centro de Estudios de Consumo ni la Revista se identifican necesariamente con las opiniones y manifestaciones contenidas en los artículos publicados, que son atribuibles exclusivamente a los autores firmantes.
Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas, que permite a terceros compartir reconociendo adecuadamente la auoria del texto, no utilizar el material con fines comerciales, y si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.
Reparación del daño por exposición al amianto: nuevo rumbo jurisprudencial y legal con la Ley 5/2025, sobre baremo, transmisibilidad y alcance del crédito resarcitorio
La STS 951/2025, de 17 de junio, supone un hito en la evolución de la responsabilidad civil por daños personales complejos, al sentar doctrina sobre la reparación del daño derivado de la exposición al amianto. En ella se reconoce expresamente la transmisibilidad mortis causa del crédito resarcitorio en casos de fallecimiento de la víctima antes del pronunciamiento judicial definitivo, siempre que el perjuicio se hubiera consolidado en vida. Además, admite la aplicación orientativa del Baremo de la Ley 35/2015, incluso a hechos anteriores a su entrada en vigor, con el fin de lograr una cuantificación más precisa y proporcional en contextos ajenos a la circulación, como las enfermedades laborales o ambientales. Esta interpretación se alinea con la reforma del artículo 45 TRLRCSCVM, aprobada el 22 de julio de 2025, pendiente de publicación en el BOE, que refuerza la protección de los herederos, flexibiliza el cómputo indemnizatorio y clarifica la dualidad entre daño inmediato y perjuicio proporcional. La sentencia también admite la acumulación de acciones ejercitadas por los herederos tanto en nombre del causante (iure hereditatis) como por sus propios perjuicios (iure proprio), siempre que se evite solapamiento en las indemnizaciones. Se consolida así un nuevo rumbo jurisprudencial, más coherente con la realidad clínica, social y jurídica de los daños diferidos, como los producidos por la exposición al amianto. Esta evolución jurisprudencial ha sido plenamente respaldada por el legislador con la reciente publicación de la Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (TRLRCSCVM) y la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. La norma refuerza la protección del derecho resarcitorio en casos de fallecimiento, permite un cálculo más ajustado y proporcional del daño, y reconoce expresamente la transmisibilidad de la indemnización una vez consolidada, incluso si la víctima fallece antes de resolución firme. Esta reforma consolida un nuevo marco legal más justo, coherente y adaptado a los daños de largo desarrollo como los derivados de la exposición al amianto.
ESTUDIOS, CONSULTAS, NOVEDADES NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIA
Amianto; Responsabilidad civil; Indemnización; Transmisibilidad hereditaria; Baremo; Daño diferido; Derecho propio; Derecho hereditario; Intereses de demora.
Derechos de autor 2025 Revista CESCO de Derecho de Consumo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
“Reparar, informar, transformar: anatomía crítica del nuevo marco legal para un consumo sostenible en España”
El presente trabajo ofrece un análisis crítico del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible en España, que transpone las Directivas (UE) 2024/825 y 2024/1799, orientadas al empoderamiento del consumidor ecológico y al reconocimiento del derecho a reparar. A través de una reforma parcial y transversal del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de la Ley de Competencia Desleal y de la Ley General de Publicidad, el legislador introduce: nuevas obligaciones reforzadas de información precontractual y ambiental, restricciones publicitarias frente al greenwashing y la publicidad emocional, mecanismos de reparación post-garantía, y medidas estructurales como la plataforma europea de reparaciones y el formulario armonizado de reparación. El estudio evalúa la coherencia normativa interna, la técnica legislativa empleada, los retos constitucionales y competenciales que plantea el modelo de gobernanza multinivel, y formula propuestas de lege ferenda orientadas a una futura codificación integral del Derecho de consumo sostenible, más sistemática, estable y adaptativa.
Consumo sostenible; derecho a reparar; ecoimpostura; greenwashing; publicidad medioambiental; Directiva 2024/825; Directiva 2024/1799; obsolescencia programada; plataforma de reparaciones; economía circular; protección del consumidor; legislación comparada.
Análisis del dictamen del Comité Económico y Social Europeo “La contribución del metaverso y de la robótica al sector médico”
Con la publicación del el Dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo denominado “La contribución del metaverso de la robótica al sector médico”, de 20 de abril de 2025, se abre la puerta a una regulación de carácter sectorial en materia de responsabilidad civil derivada de los daños causados por el uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario. A lo largo del presente texto se ofrecen una serie de recomendaciones de muy diversa índole, como el desarrollo de un marco normativo global para la robótica, mayor refuerzo de la protección de datos de carácter sensible, la promoción de normas éticas y elaboración de protocolos de consentimiento informado, el incentivo de la ciberseguridad o la importancia de infraestructuras adecuadas en aras a procurar la igualdad de acceso, que serán analizadas en el presente artículo.
Metaverso, robots médico-quirúrgicos, decisiones automatizadas, responsabilidad Civil, protección de datos.
¿Un producto resultado de la Inteligencia Artificial puede ser protegido por derechos de autor?: La condición de autor en la legislación de propiedad intelectual y más allá
La irrupción y el posterior desarrollo vertiginoso de los sistemas de inteligencia artificial generativa han llevado a plantear si los resultados obtenidos a través de dichos sistemas resultan protegibles por derechos de autor. Gracias a los algoritmos de aprendizaje, los propios sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones independientes, de manera que el resultado obtenido es generado por el propio programa informático mediante un proceso similar al seguido por el pensamiento humano. Conforme al art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”. Esta frase sintetiza la concepción personalista del derecho de autor propia del modelo europeo-continental de la que participa nuestro Derecho. La titularidad originaria de derechos de autor corresponde a quien realiza el acto de creación. A lo largo de este trabajo analizaremos si conforme a nuestra regulación, la contenida a nivel internacional en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, y la de los países pertenecientes a la órbita del copyright, cabría romper el binomio autor persona física/obra protegible. Para ello resulta también indispensable conocer el mecanismo de interacción del usuario de un sistema de inteligencia artificial generativa, a través de los prompts o instrucciones de entrada. Determinaremos en qué medida la persona física que utiliza un sistema de inteligencia artificial generativa influye en el resultado final. Finalmente se analiza en qué medida cabría proteger por otras vías distintas al derecho de autor esos resultados.
Autor; originalidad; prompts; inteligencia artificial generativa; derechos conexos; derecho sui generis; condiciones generales.
Responsabilidad civil por daños causados por sistemas de neurotecnología e Inteligencia Artificial
A la luz del incipiente uso de dispositivos desarrollados gracias a inteligencia artificial en todos los sectores, como el sector sanitario, son varias las cuestiones que suscita su utilización, como la responsabilidad derivada de un mal uso de los mismos, o en caso de que se pueda probar que este tipo de productos son defectuosos. Pese a las innumerables ventajas que reportan, como el control de las constantes del paciente de forma inmediata, o una mejor curación, también reportan riesgos, como la respuesta errónea de uno de estos sistemas, o incluso un fallo general en el caso de los robots quirúrgicos autónomos, a los que se les debe dar una cobertura legal. En este sentido, analizaremos la influencia de la nueva Directiva 2024/2853 a la hora de considerar estos productos como defectuosos, así como las los mecanismos de facilidad probatoria que incluye.
Neurodispositivos, Inteligencia artificial, Riesgos, Producto sanitario, Nueva directiva productos defectuosos.
III Estadísticas de las TAE y precios medios aplicados a los micropréstamos (2025)
La doctrina en materia de usura sentada por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 25.11.2015 (RJ 2015\5001) prevé recurrir a las estadísticas del Banco de España para determinar cuál es el interés normal del dinero (a efectos del art. 1 de la Ley de Usura). Además, a partir de la STS 4.3.2020 (RJ 2020\407), el Alto Tribunal viene insistiendo en que el tipo medio de interés que ha de tomarse de las estadísticas que se usen como referencia, tiene que ser el del mercado específico del producto controvertido. Sin embargo, en materia de préstamos no hipotecarios extrabancarios, no existen estadísticas públicas ya que los prestamistas no entidades de crédito no son entidades declarantes según la Circular 1/2010, ni están sujetos a registro previo. En consecuencia, nos proponemos reflejar los tipos y precios medios aplicados a los micropréstamos, con datos actualizados para todo el ejercicio 2024, así como demostrar que la TAE no es un indicador que permita representar la onerosidad de un micropréstamo, por el efecto exponencial que provoca la frecuencia de pagos que incorpora su fórmula.
Micropréstamos, usura, TAE, estadísticas.
No se puede apreciar de oficio la nulidad por usura
A raíz de la SJPI, 29, de 19.3.2025, que declara de oficio la nulidad de un micropréstamo por usura estando el demandado-prestatario en rebeldía, exponemos las razones -apoyadas jurisprudencial y doctrinalmente- que impiden declarar la nulidad de un préstamo por su carácter usurario de oficio, menos aún, con el prestatario en rebeldía.
Micropréstamo, usura, nulidad, rebeldía, de oficio.
La información sobre la lógica aplicada en el credit scoring automatizado: fácil, concisa y sin tecnicismos
La STJUE de 27 de febrero de 2025, asunto C-203/2022, Dun & Bradstreet, interpreta por primera vez el alcance del derecho del interesado a obtener “información significativa sobre la lógica aplicada” a decisiones individuales automatizadas [art. 15.1 h) RGPD], como un score de solvencia. Esta información debe ser comprensible, accesible y libre de tecnicismos, permitiendo al interesado entender qué datos se usaron y cómo influyeron en el resultado. Además, el Tribunal rechaza que el responsable del tratamiento pueda escudarse en el secreto comercial para denegar esa información. Aunque la sentencia se centra en la transparencia de la información, indirectamente saca a la luz uno de los mayores problemas derivados del credit scoring automatizado, esto es, la discriminación algorítmica. Así, el presente artículo alerta de que los datos sociodemográficos, como el domicilio, aunque estadísticamente correlacionados con el riesgo de impago, pueden no reflejar la solvencia real del solicitante y dar lugar a decisiones discriminatorias. Para evitarlo, se defiende que los procesos de credit socring automatizado deberían basarse exclusivamente en datos que reflejen la capacidad financiera individual del interesado para cumplir el contrato.
Datos personales, decisiones individuales automatizadas, transparencia, discriminación.
Protección al consumidor y menores: el TJUE refuerza la defensa contra cláusulas abusivas en contratos deportivos
La sentencia del TJUE de 20 de marzo de 2025 en el asunto C 365/23 (Arce) constituye un avance significativo en la protección de los menores en el ámbito contractual. El fallo extiende la aplicación de la Directiva 93/13 a los contratos celebrados por menores representados por sus padres, especialmente en el contexto deportivo, donde las cláusulas económicas pueden tener efectos a largo plazo sobre el futuro de los jóvenes. El Tribunal también establece que el control judicial sobre la abusividad de las cláusulas debe ser exhaustivo, independientemente de su claridad en la redacción.
Cláusulas abusivas; Directiva 93/13; menor de edad; derechos fundamentales; protección al consumidor; derecho deportivo.
Directrices de la Unión Europea sobre prácticas prohibidas de Inteligencia Artificial
Tras la aprobación por el Parlamento Europeo de la ley de Inteligencia Artificial el 13 de marzo de 2024, se articulan una serie de prohibiciones relacionadas con prácticas en las que se utilizan sistemas de inteligencia artificial, entendiéndose que menoscaban derechos fundamentales de las personas, junto con una serie de excepciones. Estas directrices recientemente aprobadas surgen para clarificar algunos conceptos inexactos, explicando la aplicación práctica del concepto jurídico, de forma que proporciona numerosos ejemplos prácticos en aras a aportar una visión general de las prácticas de inteligencia artificial que se consideran inaceptables debido a sus posibles riesgos para los seres humanos.
Inteligencia Artificial, prácticas prohibidas, categorización biométrica, sistemas de alto riesgo, aislamiento de navegador remoto.
Prescriptibilidad y “dies a quo” de la acción de restitución de cantidades en el crédito revolving usurario: la STS 350/2025, de 5 de marzo
La STS 350/2025, de 5 de marzo, establece que la acción de restitución de cantidades que se atribuye al prestatario tras la nulidad del crédito revolving por usura está sometida al plazo de prescripción de cinco años, y que ese plazo empieza a correr para cada una de las cuotas mensuales abonadas por el prestatario en la fecha en que se paga cada cuota. En este trabajo se examina si esta solución del Tribunal Supremo es adecuada.
Crédito revolving; usura; nulidad del contrato; acción de restitución; prescripción; dies a quo del plazo de prescripción.
La mal llamada “jurisprudencia de la puerta”: a propósito de la nota informativa del Juzgado de Primera Instancia nº. 72 de Madrid sobre allanamiento en créditos revolving
La nota informativa emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 72 de Madrid informando del criterio particular del Juzgado sobre pleitos con consumidores relativos contrato de crédito revolving y la condena en costas en supuestos de allanamiento ha generado fuertes críticas sobre la forma y el fondo de lo comunicado.
Usura, revolving, cláusulas abusivas, allanamiento, costas.
El nuevo paradigma de resolución de conflictos en consumo. Cómo la Ley Orgánica 1/2025 impone la reclamación o negociación previa antes de demandar, consagra un régimen sancionador para empresarios incumplidores y redefine el acceso a la justicia en litig
La Ley Orgánica 1/2025 introduce un cambio estructural en los litigios de consumo, imponiendo la reclamación extrajudicial o negociación previa como requisito obligatorio antes de demandar. Además, consagra un régimen sancionador que penaliza a empresarios que incumplan su deber de restitución en casos de cláusulas abusivas ya declaradas nulas. La reforma redefine el acceso a la justicia, promoviendo los “Medios Adecuados de Solución de Controversias” (MASC) y limitando el abuso del servicio público de justicia. También modifica la regulación de costas y honorarios, permitiendo su tasación cuando el consumidor haya reclamado previamente. Aunque busca reducir la litigiosidad y agilizar procesos, la norma plantea desafíos en su aplicación y posibles barreras para los consumidores más vulnerables.
Resolución de conflictos Reclamación extrajudicial Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) Acceso a la justicia Régimen sancionador Litigios de consumo.
Utilidad de la STJUE C-450/22 para una protección más eficaz de los consumidores y usuarios frente prácticas desleales engañosas
Las normas destinadas a proteger a los consumidores frente a prácticas desleales han sido poco eficaces. Probablemente, la situación podría cambiar si nuestro legislador decidiera incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 11 bis de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que consagra remedios negociales individuales a favor del consumidor cuando se ve perjudicado por contratos que traen causa de prácticas comerciales desleales. Obviamente, también contribuiría a una mayor eficacia de esta normativa la incorporación a nuestro Derecho (que hasta la fecha tampoco ha tenido lugar) de la Directiva (UE) 2020/1828 relativa las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. En este contexto, la STJUE C-450/22 puede ser útil para avanzar en una mayor efectividad en este ámbito. Aunque admite el ejercicio de acciones colectivas solo frente a cláusulas contractuales no transparentes, su utilidad para poner remedio a prácticas comerciales engañosas es evidente, en la media en que el TJUE ha equiparado los términos cláusula negocial y práctica comercial. Razón por la cual una cláusula no transparente en sentido material (por ejemplo, una estipulación multidivisa) merece considerarse una práctica comercial engañosa. Y, de conformidad con la referida STJUE C-450/22, frente a este tipo de cláusulas-prácticas sería posible el ejercicio de acciones colectivas.
Prácticas comerciales desleales, cláusulas negociales no trasparentes, acciones colectivas, consumidor medio.
¿El empresario que contrata on line puede modificar el criterio legal sobre perfección del contrato?
El proceso de contratación electrónica, a través de página web, puede resumirse en tres fases: en la primera, el empresario ofrece a través de la página web la venta de un bien o la prestación de un servicio (oferta contractual); en la segunda, el consumidor realiza un pedido por el mismo medio (aceptación de la oferta); y, en la tercera, el empresario debe remitir un acuse de recibo de la aceptación que el consumidor envió (confirmación contractual posterior). Además, al tratarse de contratos de adhesión, integrados por condiciones generales de la contratación (o términos de uso), en algún momento del proceso se exige al consumidor la aceptación de tales condiciones para poder seguir y concluir la contratación. El objetivo de este estudio es plantear y resolver cuestiones esenciales respecto a la perfección del contrato electrónico celebrado a través de páginas web, como: ¿cuándo manifiesta el consumidor su consentimiento para obligarse?, ¿en qué momento y en qué tipo de soporte han de transmitirse al consumidor las condiciones generales del contrato? o ¿podría el empresario modificar el criterio legal sobre perfección de contratos realizados a través de páginas web incluyendo entre las condiciones generales o términos de uso aplicables, la que establezca que el contrato no se perfeccionará hasta que el consumidor reciba la confirmación posterior del mismo?
Contratos electrónicos, contratos clickwrap, perfección contractual, condiciones generales de la contratación, confirmación contractual, autonomía de la voluntad, cláusulas abusivas.
La Inteligencia Artificial en la nueva Directiva de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos ¿realidad o expectativa?
El trabajo trata de responder a la pregunta de si actualmente la inteligencia artificial es trascendental en el nueva Directiva de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.
Responsabilidad por productos defectuosos, inteligencia artificial.
Más vale fraude que usura: comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 1715/2024 de 20 de diciembre
La Sentencia del Tribunal Supremo 1715/2024 de 20 de diciembre plantea un interesante y novedoso análisis de los micropréstamos desde el ámbito de la mala procesal para adverar la existencia de un abuso de derecho; al tiempo que evita pronunciarse expresa y enigmáticamente sobre tales productos desde la perspectiva del control de usura.
Usura, micropréstamo, mala fe procesal, abuso de derecho.
Directiva (UE) 2024/1799: la articulación comunitaria de un “derecho a la reparación de bienes” que deja mucho que desear
La Comisión Europea pone de manifiesto que los productos que pueden repararse, pero que se eliminan prematuramente, generan 35 millones de toneladas de residuos; emplean 30 millones de toneladas de recursos; y producen 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año en la UE. Además, el cálculo de las pérdidas para las personas consumidoras que se decantan por la sustitución en lugar de por la reparación se cifra en casi 12.000 millones de euros al año. Para restablecer los ecosistemas, mejorar la salud humana y garantizar los derechos de las personas consumidoras, es necesario reducir, reutilizar y promover la fabricación de productos más fáciles de reparar con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos y minimizar la generación de residuos. Las instituciones comunitarias insisten en la importancia de mejorar la durabilidad de los bienes como factor clave para la sostenibilidad, por lo que resulta oportuno evaluar si, dentro del nuevo marco normativo, la reciente Directiva (UE) 2024/1799 se configura o no como una herramienta eficaz para fomentar un uso más prolongado de los productos, promover la reparación tanto dentro como fuera del marco de las garantías de conformidad y avanzar hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. El planteamiento normativo, al menos en teoría, es hacer frente a los diferentes obstáculos que disuaden a los consumidores de realizar reparaciones, de modo que es preciso abordar en qué medida las líneas de actuación y los objetivos de sostenibilidad propuestos en el ámbito comunitario permean la nueva Directiva dirigida a promover la reparación de bienes, analizando si las disposiciones adoptadas resultan o no adecuadas para alcanzar las metas señaladas.
Durabilidad, obstáculos para reparar, Directiva (UE) 2024/1799 de reparación de bienes, garantías de conformidad, obligación de reparación, formulario europeo de información sobre la reparación, plataforma europea en línea sobre reparaciones.
Derechos de autor 2024 Revista CESCO de Derecho de Consumo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
La ineficaz respuesta del Derecho comunitario y del Reglamento de diseño ecológico a la insoportable insostenibilidad de la obsolescencia programada
Naciones Unidas y la Unión Europea insisten en la necesidad de introducir cambios significativos que permitan reducir en un tercio la explotación y el uso de los recursos naturales, subrayando que la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tiene su origen en pautas de producción y consumo insostenibles. A pesar de ello, la obsolescencia programada constituye uno de los ejes en torno a los que gira la acumulación de capital, configurándose como una técnica de incitación al consumo cuya consecuencia directa se traduce en la sobreexplotación y el despilfarro de recursos naturales y humanos, así como en la generación constante de residuos y altos niveles de contaminación que dañan el medio ambiente y la salud pública. Ante la gravedad de los problemas, la denominada economía circular se proyecta, al menos en teoría, como una alternativa al modelo económico actual, incidiendo en que no sólo son necesarios cambios significativos en los modelos de producción y consumo, sino también en los marcos normativos, por lo que cabe preguntarse qué soluciones propone el Derecho comunitario al respecto. Para responder a esa cuestión, no sólo es necesario llevar a cabo una aproximación al concepto y a los efectos de este tipo de prácticas, sino también detenerse en las líneas de actuación planteadas con el fin de analizar si las propuestas normativas desarrolladas hasta ahora resultan útiles para avanzar en la línea de la economía circular, preguntándonos, a su vez, si esta fórmula se perfila como una alternativa realmente transformadora. Por otro lado, las orientaciones estratégicas reiteran la importancia de mejorar la fase de diseño con el fin de contribuir a que los productos sean más duraderos, por lo que también resulta oportuno evaluar si, dentro de las medidas legislativas existentes, el nuevo Reglamento de diseño ecológico se configura o no como una herramienta eficaz para avanzar en la elaboración de productos más sostenibles, así como para evitar las numerosas consecuencias negativas derivadas de las prácticas de obsolescencia programada.
Obsolescencia programada, Reglamento (UE) 2024/1781 de diseño ecológico, pasaporte digital, medidas de autorregulación, destrucción de productos no vendidos, contratación pública ecológica, economía circular, desarrollo sostenible, financiarización de la naturaleza, crisis eco-social, modelo económico neoliberal.
Criterios de cuantificación del daño moral al margen del baremo circulatorio en el caso de delitos dolosos: delito de odio por pertenencia a una nación
En la cuantificación del daño moral derivado de delitos dolosos, como el delito de odio por pertenencia a una nación, la jurisprudencia reciente tiende a dejar de aplicar el Baremo Circulatorio, centrándose en criterios como la gravedad de los hechos, el impacto emocional y las circunstancias personales de las víctimas. Se evalúan factores como la irreversibilidad del daño, el estado de las víctimas antes y después del delito, y sus testimonios durante el juicio. Además, se tiene en cuenta la humillación pública y el sufrimiento psicológico. Esta flexibilidad permite a los jueces determinar indemnizaciones justas y proporcionales según cada caso.
Daño moral, indemnización, delito de odio, delitos dolosos, baremo de tráfico, impacto emocional.
El Tratado OMPI sobre recursos genéticos: protección y transparencia en la era de la innovación
El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados surge como respuesta a la necesidad de regular el uso y la protección de estos recursos en el contexto de las patentes internacionales. Este instrumento legal busca prevenir la apropiación indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, estableciendo un marco claro para la divulgación de su origen en las solicitudes de patentes. Además, fomenta la transparencia, promueve la distribución equitativa de los beneficios, y facilita la cooperación internacional. La implementación del Tratado, sin embargo, enfrenta desafíos relacionados con la armonización de legislaciones nacionales y el manejo de nuevas tecnologías emergentes.
Tratado OMPI, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, patentes, divulgación, cooperación internacional, derechos indígenas, biotecnología.
II Estadísticas de las TAE y precios medios aplicados a los micropréstamos (2024)
La doctrina en materia de usura sentada por el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 25.11.2015 (RJ 2015\5001) prevé recurrir a las estadísticas del Banco de España para determinar cuál es el interés normal del dinero (a efectos del art. 1 de la Ley de Usura). Además, a partir de la STS 4.3.2020 (RJ 2020\407), el Alto Tribunal viene insistiendo en que el tipo medio de interés que ha de tomarse de las estadísticas que se usen como referencia, tiene que ser el del mercado específico del producto controvertido. Sin embargo, en materia de préstamos no hipotecarios extrabancarios, no existen estadísticas públicas ya que los prestamistas no entidades de crédito no son entidades declarantes según la Circular 1/2010, ni están sujetos a registro previo. En consecuencia, nos proponemos reflejar los tipos y precios medios aplicados a los micropréstamos, con datos actualizados para todo el ejercicio 2023, así como demostrar que la TAE no es un indicador que permita representar la onerosidad de un micropréstamo, por el efecto exponencial que provoca la frecuencia de pagos que incorpora su fórmula.
Intereses usurarios en los préstamos de financiación a comprador de vehículos: no cabe aplicar el índice “crédito para otros fines” recogido en las tablas del banco de España para averiguar si hay usura
Muchos consumidores celebran un contrato de préstamo para financiar la compra de su vehículo. En este trabajo se analiza en qué casos ese préstamo puede ser considerado usurario, y en particular, por qué no puede utilizarse como índice de referencia para valorar si hay usura el índice “crédito para otros fines” recogido en las tablas publicadas por el Banco de España.
Usura; crédito al consumo; préstamo para la financiación de vehículos
La protección contra la insolvencia del organizador de viajes combinados también se extiende a los casos en los que el viajero ha cancelado el viaje, antes de que ocurra la insolvencia, debido a circunstancias inevitables y extraordinarias
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 9 de julio de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-771/22 y C-45/23, ha establecido que los viajeros tienen derecho a que se aplique la garantía contra la insolvencia del organizador de viajes combinados, incluso si las circunstancias extraordinarias ocurrieron antes de la insolvencia del organizador1. En resumen, si un viajero cancela su viaje debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, y luego el organizador se declara insolvente, el viajero aún tiene derecho a la protección de la garantía. Esto supone que el viajero no haya recibido un reembolso completo antes de que ocurra la insolvencia.
«Petición de decisión prejudicial — Protección de los consumidores — Viajes combinados y servicios de viaje vinculados — Directiva (UE) 2015/2302 — Circunstancias inevitables y extraordinarias — Pandemia de COVID-19 — Insolvencia del organizador — Artículo 17, apartado 1 — Terminación del contrato de viaje combinado antes de la insolvencia — Garantía que permita el reembolso de todos los pagos realizados por los viajeros o en su nombre — Alcance de la protección frente a la insolvencia»
Hitos relevantes en la jurisprudencia y la doctrina registral sobre viviendas de uso turístico y alquileres vacacionales
El presente artículo realiza un recorrido por los hitos más importantes de la jurisprudencia y la doctrina registral relativas a las implicaciones vecinales del alquiler vacacional, tomando como punto de partida la exclusión de esta modalidad arrendaticia del régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la posterior introducción en la Ley de propiedad Horizontal de la posibilidad de limitarlo en virtud de un acuerdo comunitario, y como punto de llegada, las últimas sentencias dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el año 2024. La interpretación conjunta de las resoluciones analizadas conduce a ocho reglas que pueden servir para fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios de inmuebles y de las comunidades donde se desarrolla esta actividad.
Alquiler vacacional, propiedad horizontal, acuerdos limitativos, ejercicio del voto, estatutos, actividades prohibidas.
¿Puede prohibirse el alquiler turístico por acuerdo de la comunidad de propietarios?, ¿Cuál es la mayoría necesaria?
El objeto de este documento es tratar de clarificar las implicaciones del artículo 17, apartado 12, de la Ley sobre Propiedad Horizontal, compilando la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado sobre dicha norma.
Mayoría, artículo 17, apartado 12, LPH, ley sobre propiedad horizontal, prohibir alquiler turístico, modificación estatutos, unanimidad.
Análisis del Real Decreto 713/2024 sobre el Sistema Arbitral de Consumo
El documento ofrece un análisis comparativo del Real Decreto 713/2024, que moderniza y refuerza el Sistema Arbitral de Consumo. El nuevo decreto actualiza la legislación anterior (Real Decreto 231/2008) para alinearla con las recientes directivas de la Unión Europea y leyes nacionales, especialmente a la luz de la digitalización y el aumento de las transacciones transfronterizas dentro de la UE. El análisis cubre el marco legal del decreto, su contenido estructural y los cambios procedimentales que introduce, incluyendo mecanismos de resolución de conflictos más rápidos y eficientes. También se contrasta el nuevo decreto con el anterior, destacando tanto las mejoras como las áreas que aún requieren atención.
Real Decreto 713/2024; Sistema Arbitral de Consumo; Resolución de Conflictos; Directivas de la UE; Cambios Procedimentales; Digitalización; Transacciones Transfronterizas; Marco Legal.
Repensar la prescripción extintiva de la restitución en virtud de una cláusula nula de repercusión de gastos hipotecarios. (II) Malae fidei debitori praescriptio non liceat?
En estos dos documentos sucesivos trato de reconstruir una solución distinta a la que el TJUE y el TS han consagrado a propósito del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos que se pagaron sobre la base de una cláusula abusiva de asignación al deudor de los gastos hipotecarios. La tesis consagrada es un paralogismo, porque bajo la apariencia de buscar un determinado término a quo del plazo, lo que hace es atribuir a la acción de recuperación un régimen de imprescriptibilidad equivalente al de la acción de nulidad. En el segundo documento, y a pesar de las críticas vertidas en el primero, propongo una solución original para salvar en los hechos, pero de otra forma, la resolución de los casos decididos bajo el paraguas de la imprescriptibilidad.
Prescripción extintiva, restitución, cláusula nula, gastos hipotecarios, Malae fidei debitori praescriptio non liceat.
Repensar la prescripción extintiva de la restitución en virtud de una cláusula nula de repercusión de gastos hipotecarios. (I) Los plazos
Prescripción extintiva, restitución, cláusula nula, gastos hipotecarios, plazos.
El TJUE privilegia la transparencia en acciones colectivas
La STJUE de 4 de julio de 2024, asunto C‑450/22, realiza tres declaraciones de interés. Primera, que, en el marco de una acción colectiva interpuesta por una asociación de consumidores contra las cláusulas suelo utilizadas por una multitud de entidades de crédito, el juez nacional pude llevar a cabo un control de transparencia sobre esas cláusulas. Segunda, que, en el seno de dicha acción colectiva, el control de transparencia se basará en dilucidar si un consumidor medio pudo comprender el impacto económico de la cláusula suelo a la luz de las prácticas precontractuales y contractuales estandarizadas de cada entidad de crédito. Tercera, que un consumidor medio puede comprender la incidencia económica de la cláusula suelo a partir de un acontecimiento objetivo o un hecho notorio, como la caída de los tipos de interés en el año 2000 o el pronunciamiento de la STS 241/2019, de 9 de mayo.
Cláusula suelo, transparencia, acciones colectivas.