La sección de Estudios y Consultas de este número 13 de la Revista CESCO de Derecho de Consumo presta especial atención a dos normas recientes: el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, más conocido como «ley de segunda oportunidad», y la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Ambas han sido presentadas a la opinión pública como instrumentos novedosos de mejora de la protección de los derechos de los consumidores pero tras un análisis pormenorizado de las novedades introducidas, como por ejemplo, las relativas al concurso de la persona física o las medidas de protección ante situaciones de pobreza energética, cabe cuestionar si, tal y como evoca la tela de araña de la portada, no son más bien leyes-trampa que atrapan a los consumidores más vulnerables sin proporcionarles auténtica salida  y ocasionando notables costes de gestión al sistema.

Entre otras interesantes aportaciones, en este número también se comenta la STJUE de 21 de enero de 2015 sobre el cálculo de intereses moratorios en los préstamos hipotecarios y la inminente y esperada modificación del sistema para la valoración de los daños  y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Se recogen sendos artículos sobre nuevos medios de pago electrónico y los riesgos de seguridad derivados de su empleo y dedicamos una sección especial a los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el régimen de responsabilidad por productos defectuosos.

En la sección de novedades normativas se presta especial atención al Reglamento UE 1286/2014, sobre documentos de datos fundamentales relativos a productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros, al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y a la Orden SSI/2065/2014, por la que se modifica la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

De los numerosos pronunciamientos jurisprudenciales anotados, destacamos aquí la glosa de la STJUE de 18 de diciembre 2014, asunto C-449/13, que contiene las primeras interpretaciones del TJUE sobre las obligaciones derivadas del principio de crédito responsable y de la STC 10/2015, de 2 de febrero, que anula el régimen de graduación de infracciones de consumo del artículo 50.1 del TRLCU.

Por su especial incidencia sobre los mecanismos de protección de los consumidores, en la sección de próximas reformas se comenta el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Recordamos que el CESCO y su Revista están abiertos a todos aquellos interesados en el Derecho de Consumo, procedentes del mundo académico o de la práctica profesional, que quieran colaborar. Por ello, desde la dirección se invita a participar en el consejo de redacción y se ofrece este soporte para la publicación de trabajos que encajen en el perfil de la Revista, enviándolos a la dirección revista.cesco@uclm.es.